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Juan Enrique Tena Martín no se conforma con los agasajos del Ayuntamiento de Granada ni con los 3.000 euros que le ofreció el Ministerio del Interior por su erróneo encarcelamiento. Este enfermero de 32 años de Quintana de la Serena, que permaneció cinco días en la prisión granadina de Albolote durante la Semana Santa de 2009, después que la Policía le confundiera con un delincuente, tiene hoy una cita en la Audiencia Nacional para revisar su caso, por el que reclama 50.000 euros de indemnización.
La defensa de Tena considera que el perjuicio padecido por su cliente no fue un error aislado, sino el fallo de todo un sistema de seguridad que nutre sus registros de búsqueda con las identidades de personas sin antecedentes penales. Así ocurrió con este extremeño empleado en una clínica de Madrid, que había acudido a Granada para seguir las procesiones religiosas.
Tena fue introducido en la base de datos tras sufrir un accidente de tráfico en julio de 2007. Curiosamente, solo su primer apellido coincidía con un prófugo de la Justicia. Pese a ello, cuando registró su identidad en el hotel nazarí donde se alojó, saltó la alarma de la Policía, que acudió horas después a su habitación para detenerlo.
Era Jueves Santo y el afectado no salió en libertad hasta el lunes siguiente. Un lapso en el que sucedieron una concatenación de errores administrativos entre la Audiencia Nacional -el tribunal que emitió la orden de captura-, las fuerzas de seguridad y los funcionarios carcelarios. Y que se agravó por la inactividad judicial durante las fechas festivas. Al final, solo la intervención de un abogado al que llamaron los amigos de Tena, que se puso en contacto con el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, solucionó el error.
Comenzó así un periplo judicial después de que el Ministerio del Interior acordase indemnizar con 3.000 euros al afectado, 600 euros por cada día que estuvo preso. Una cifra superior a los 120 euros diarios de compensación que fija el Consejo de Estado para este tipo de situaciones.
La defensa de Tena considera ahora que esta diferencia de dinero evidencia que Interior es consciente del daño causado, pese a que no tiene en cuenta los 75 días de baja laboral que estuvo su cliente.
La oferta de indemnización de Interior llegó, en todo caso, fuera de plazo y no satisfizo a Juan Enrique Tena. Entonces, este decidió llevar su caso a la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa, al tratarse de un litigio económico entre un particular y el sector público. Una reclamación en la que pide un total de 50.000 euros para resarcir las 120 horas que pasó entre rejas.
Con estos argumentos se presenta hoy la abogada de Tena en el tribunal central, donde su cliente está citado para que un médico revise las consecuencias psicológicas de este oscuro episodio. Un error impropio de la administración judicial, más si cabe por los filtros de que disponen los registros de prófugos.
No obstante, ni el juzgado de Granada que abrió una investigación por estos hechos ni la Audiencia Nacional depuraron responsabilidades. Este último tribunal aseguró incluso que se emitió bien la orden, con los datos correctos del perseguido, y reveló que el prófugo ya estaba en prisión cuando se produjo la detención de Tena. Un cambio del que informó a las fuerzas de seguridad. Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional defendieron su actuación y señalaron a la Guardia Civil como posible autora del error al registrar de forma errónea los datos en el sistema informático de los que ambos cuerpos disponen.
Juan Enrique Tena Martín no se conforma con los agasajos del Ayuntamiento de Granada ni con los 3.000 euros que le ofreció el Ministerio del Interior por su erróneo encarcelamiento. Este enfermero de 32 años de Quintana de la Serena, que permaneció cinco días en la prisión granadina de Albolote durante la Semana Santa de 2009, después que la Policía le confundiera con un delincuente, tiene hoy una cita en la Audiencia Nacional para revisar su caso, por el que reclama 50.000 euros de indemnización.
La defensa de Tena considera que el perjuicio padecido por su cliente no fue un error aislado, sino el fallo de todo un sistema de seguridad que nutre sus registros de búsqueda con las identidades de personas sin antecedentes penales. Así ocurrió con este extremeño empleado en una clínica de Madrid, que había acudido a Granada para seguir las procesiones religiosas.
Tena fue introducido en la base de datos tras sufrir un accidente de tráfico en julio de 2007. Curiosamente, solo su primer apellido coincidía con un prófugo de la Justicia. Pese a ello, cuando registró su identidad en el hotel nazarí donde se alojó, saltó la alarma de la Policía, que acudió horas después a su habitación para detenerlo.
Era Jueves Santo y el afectado no salió en libertad hasta el lunes siguiente. Un lapso en el que sucedieron una concatenación de errores administrativos entre la Audiencia Nacional -el tribunal que emitió la orden de captura-, las fuerzas de seguridad y los funcionarios carcelarios. Y que se agravó por la inactividad judicial durante las fechas festivas. Al final, solo la intervención de un abogado al que llamaron los amigos de Tena, que se puso en contacto con el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, solucionó el error.
Comenzó así un periplo judicial después de que el Ministerio del Interior acordase indemnizar con 3.000 euros al afectado, 600 euros por cada día que estuvo preso. Una cifra superior a los 120 euros diarios de compensación que fija el Consejo de Estado para este tipo de situaciones.
La defensa de Tena considera ahora que esta diferencia de dinero evidencia que Interior es consciente del daño causado, pese a que no tiene en cuenta los 75 días de baja laboral que estuvo su cliente.
La oferta de indemnización de Interior llegó, en todo caso, fuera de plazo y no satisfizo a Juan Enrique Tena. Entonces, este decidió llevar su caso a la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa, al tratarse de un litigio económico entre un particular y el sector público. Una reclamación en la que pide un total de 50.000 euros para resarcir las 120 horas que pasó entre rejas.
Con estos argumentos se presenta hoy la abogada de Tena en el tribunal central, donde su cliente está citado para que un médico revise las consecuencias psicológicas de este oscuro episodio. Un error impropio de la administración judicial, más si cabe por los filtros de que disponen los registros de prófugos.
No obstante, ni el juzgado de Granada que abrió una investigación por estos hechos ni la Audiencia Nacional depuraron responsabilidades. Este último tribunal aseguró incluso que se emitió bien la orden, con los datos correctos del perseguido, y reveló que el prófugo ya estaba en prisión cuando se produjo la detención de Tena. Un cambio del que informó a las fuerzas de seguridad. Por su parte, los sindicatos de la Policía Nacional defendieron su actuación y señalaron a la Guardia Civil como posible autora del error al registrar de forma errónea los datos en el sistema informático de los que ambos cuerpos disponen.
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